En enero de 2015, Antofagasta Minerals aumentó la propiedad de Antofagasta plc en el proyecto a un 100%. Se evaluó y realizó ejercicios de optimización del estudio de prefactibilidad llevado a cabo en 2014. También se avanzó en los estudios geotécnicos y los trabajos hidrológicos necesarios para respaldar los permisos ambientales que se solicitarían a futuro.

A fines de 2019, el proyecto presentó su plan minero de operaciones (Mine Plan of Operations o MPO por sus siglas en inglés) a autoridades federales y estatales con lo que se iniciaron dos procesos de evaluación ambiental paralelos: uno federal y el otro del estado de Minnesota. El desarrollo del proyecto actual está en pausa mientras se resuelven litigios contra acciones del gobierno federal de EE.UU.

Ubicado en una región con una larga tradición en la minería del hierro, el proyecto espera crear empleos bien remunerados que sustentan familias y contribuyen significativamente a la economía local. Una vez en operación, generará 750 empleos directos y unos 1,500 empleos indirectos. Además, la construcción de la mina empleará exclusivamente mano de obra sindicalizada bajo un Acuerdo Laboral de Proyecto ya establecido.